La polémica creada alrededor del proyecto de ley presentado originalmente por el congresista Ántero Flores-Aráoz, resultó ser más contaminante que la Avenida Abancay. El problema desde mi punto de vista, o uno de los problemas, es que se da en un momento en que el oficialismo está siendo presa de un suspicaz triunvirato con fujimoristas y UN. Además de ello, las controvertidas declaraciones del Presidente respecto a la pena de muerte ahora también para los terroristas. Por otro lado las críticas que le salen al paso después de su reacción frente a sus primeros cien días de gobierno. No puedo negar mis dudas respecto a todo esto como cortinas de humo. Es cierto que cada tema merece un análisis particular, que cada tema presta interés, sin embargo, hay múltiples razones para creer que algo se quiere callar, algo huele en la cocina del APRA, que el Maestro Acurio reprobaría. Y que además de todo esto, ahora al APRA los grillos le cantan más fuerte que nunca con el tema de narcotraficantes en las filas del partido, financiaciones ilegales, uso de vehículos del Estado para campañas proselitistas, etc, etc. y más etcéteras.
Cuando salta el nuevo escándalo de corrupción en el PJ, a todo pulmón Alan García Pérez (en adelante AGP) anunció la reforma de esta maltratada institución, reforma que hasta el día de hoy no da indicios de llegar.
Volviendo al tema que me ocupa. Es cierto que dentro del ambivalente nombre de Organismo No Gubernamental caen muchos organismos que pueden tener o de hecho tienen fines no muy legales o altruistas. Es cierto que algunas ONG, pueden estar siendo utilizadas para el lavado de dinero proveniente del extranjero, y gozando además de exenciones tributarias. Pero es cierto también que muchas ONG sirven de reales fiscalizadores de las políticas de gobierno, del comportamiento y manejo de los organismos estatales y como punta de lanza en muchas demandas que la sociedad requiere.
Las opiniones son encontradas en diversos sectores de la sociedad. Pero objetivamente, vemos por ejemplo que el caso de corrupción del Poder Judicial (PJ) y la solicitud que hiciera el Instituto de Defensa Legal (en adelante IDL) respecto a la publicación de las hojas de vida de los candidatos a la Suprema, es una piedra en el zapato para AGP y el Gobierno. Del mismo modo cuando se empieza a hablar de la alianza entre apristas y fujimoristas es porque ONG´s de derechos humanos lo denuncian; ni que decir de las ONG medio-ambientales que velan por los intereses del Estado con la contaminación producto del ejercicio de la minería irresponsable. Esta no es una piedra en el zapato para AGP, es una roca en la cabeza.
Las ONG gozan de reconocimiento en la mismísima Carta de las Naciones Unidas, articulo 71 (http://www.onu.org/Docubas/cartade.htm#Cap10).
Es por ello, que el tema ha de ser tratado con pinzas. Después de muchas denuncias por parte de un sector de la prensa, organismos internacionales se han manifestado al respecto mostrando su preocupación.
Reacciones como las que tuvieron ilustres congresistas del a Republica cuando la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino envió una recomendación al congreso, dejan mucho que desear. Es insolente y hasta ignorante, decir que a la Dra. Merino no le corresponde meterse en temas congresales, cuando la Dra. Merino tiene la obligación de velar por los intereses de la sociedad, sociedad que incluye a las ONG.
Comencé mencionando la real posibilidad del mal uso de algunas ONG para fines ilícitos y con recursos extranjeros de dudosa procedencia. En el caso de que la procedencia del dinero fuese totalmente lícita, aún es posible que el actuar de la ONG en el país no lo sea. En dicho caso es obvio que el organismo de control de la fuente cooperante se encargará de velar por sus intereses. Existe una fiscalización de las fuentes cooperantes muy estricta, y esto lo sabe muy bien la ACPI.
En el caso de que la fuente cooperante use recursos de procedencia ilícita, sí es el Estado quien debe actuar. Para ello sí es necesario un marco regulador muy específico y eficaz. No niego la necesidad de tener un estricto plano de todas las ONG que actúen en el país, de la naturaleza de sus fondos, fuentes cooperantes, objetivos y fines. Sin embargo sí es muy peligroso que el Estado sea quien controle tales organismos, quien tenga un poder coactivo sobre ellas.
Al fin y al cabo, son organismos privados y no puede ser más controlados de lo que serían Personas Jurídicas de carácter privado. Hay muchas fuentes cooperantes que prefieren otorgar sus recursos a organismos privados antes que al gobierno por una evidente desconfianza en el manejo de estos. En países como el nuestro donde la corrupción y la burocracia saltan a la vista todos los días, no es criticable.
Aunque le pese mucho al gobierno, cada uno tiene derecho a hacer con su dinero lo que quiera, siempre y cuando esté dentro de la ley.
En cuanto a las exenciones fiscales el tema es más peliagudo, puesto que sí puede prestarse a muchas suspicacias. Es por ello que desde mi punto de vista, si una ONG quiere gozar de tales beneficios, debe estar bajo la lupa del gobierno sin derecho a quejas. En el caso contrario, si la ONG cumple con todas las obligaciones tributarias que la ley exige, el destino de sus fondos, por más millonarios que sean, le pertenece. Y repito siempre dentro de la legalidad.
Esto evitaría que organismos de carácter privado que están ejerciendo un buen control de las acciones del gobierno se vean perjudicadas en su labor, y por ende nosotros los ciudadanos también.
Ojalá que los Organismos No Gubernamentales no pasen a ser como escuche en alguna declaración Organismos Semigubernamentales o como Nuevos Organismos Gubernamentales, por el bien del país.
Café para Cuatro 