
Es en estos días, que ese concepto históricamente tan debatido como es la Igualdad, cobra más fuerza y sobretodo importancia.
Porque todos, de manera igualitaria, tenemos derecho a exigirle al gobierno central –en primera instancia- el cumplimiento de su obligación como ente rector en el rol de la defensa interna de la población. El Gobierno, tiene la obligación de defender a la población de cualquier amenaza externa o interna. Porque todos, de manera igualitaria, tienen derecho a la vida, la salud, al libre tránsito, a reunirse pacíficamente sin armas, a formular peticiones, individual o colectivamente, a la libertad y a la seguridad personal, a la propiedad privada y el respeto a ella, y a muchas otras libertades que están siendo vapuleadas en este conflicto social y que reconoce y proclama la Constitución.
Clave 1
Ninguna persona, natural o jurídica, tiene el derecho de realizar actividad comercial, extractiva o de cualquier otra índole (aunque genere ingentes cantidades de ingresos tanto para la empresa como para el Estado), si es que dicha actividad genera un daño al ambiente, a la propiedad vecina, a la propiedad común (de la que todos somos dueños y usuarios) a los recursos naturales y demás, porque no son suyos, son de todos. Porque si vas a hacer empresa, hazla bien, con respeto a la tierra y a la población.
Clave 2
Todos tenemos derecho a protestar, a dar nuestra opinión libremente de manera individual o colectiva, sobre algo que consideramos injusto frente a nuestro derecho también individual y/o colectivo. Tenemos derecho a hacerlo dentro del marco de la Ley. Tenemos derecho a decirle a la empresa y al Gobierno que no estamos de acuerdo con el proyecto minero Tía María. Pero nadie tiene derecho, nadie, a violar la libertad de tránsito de otros, a cerrar la vía principal de acceso de miles de personas, nadie tiene derecho a afectar la salud de otros, la vida de otros, nadie tiene derecho a impedirme transitar por donde me de la gana, ni a prohibir que lleve mis productos de la chacra al mercado y menos aún a que pierda mi cosecha. Nadie tiene derecho a impedirme que viva en paz, donde y como quiera.
Clave 3
Todos tenemos derecho a exigir política y legalmente que aquellos a quienes nosotros hemos elegido democráticamente, cumplan con su trabajo, sus funciones, sus obligaciones, en el respeto a la Constitución Política del Perú, y la defensa de los derechos en ella proclamados. Mis derechos, tus derechos. Y en caso de incumplimiento, deben rendir cuenta, deben asumir su culpabilidad, negligencia e incapacidad para el ejercicio de su funciones, no ante el patético organismo judicial nacional –y menos aún el parlamento- sino ante los organismos internacionales que están ahí para cubrir los vacíos que ciertos países tenemos en el orden interno.
Clave 4
Southern, debe coger sus cosas y marcharse. Porque una empresa cuyo Presidente Ejecutivo ha sido denunciado por la Fiscalía competente, en enero de este mismo año, por delitos de contaminación ambiental en el mar de Ilo, solicitando pena privativa de libertad y reparación civil, no puede ser la empresa que extraiga mis recursos, tus recursos y los recursos de todos nosotros a costa del Valle, del mar, de la tierra y sobretodo de la población. Y ello por citar solo una perla de esa minera.
El presidente de la Republica, Ollanta Humala Tasso, debe salir al frente de toda la población, y asumir toda su responsabilidad en los hechos sucedidos y afrontar las denuncias que aquellos familiares de los fallecidos de ambas partes, pueden y deben interponer contra su persona y todos quienes resulten responsables por la omisión de sus obligaciones y funciones como funcionarios públicos elegidos para cumplir y hacer cumplir desde la Constitución hasta la última norma aplicable.
Esos tres hijos de mala entraña que están negociando con el pueblo, a través de coimas para avanzar o retroceder en el paro, esos tres y todos aquellos que han tenido y tienen responsabilidad en los daños a la propiedad privada y sobre todo a la vida y la salud de los afectados, deben estar ya en la cárcel con procesos abiertos por delitos contra la persona, la salud y la propiedad privada. Y la inacción del Gobierno Regional y sobre todo de la Alcaldesa de Arequipa, también es materia para exigir responsabilidades.
Porque la defensa de la propiedad privada y la propiedad púbica, la defensa de la paz y el orden social, son responsabilidad pasiva de los ciudadanos y activa de los gobernantes. Y el que no cumple con su parte del pacto social, democrática y legalmente, debe asumir las consecuencias hasta el final.
Clave 5
Todos tenemos derecho al desarrollo, ya sea a través de la extracción de los recursos minerales, como a través de la milenaria agricultura. Tenemos derecho a ejercerla y permitir que otros la ejerzan de manera responsable con todos los derechos tantas veces mencionados en este documento. Es por eso que como peruanos tenemos el derecho a exigirle al Gobierno que promueva la minería y promueva la minería en el Valle del Tambo, si es que efectivamente será tan importante para el bienestar de todo el país. Pero tenemos el derecho a exigir que quien sea el ejecutor del proyecto lo haga justamente como no lo hizo Southern. Por ello, el gobierno debe cerrar ya el capítulo de esta minera, quien por voluntad propia ha perdido este recurso y abrir un nuevo capítulo con otras empresas del sector que hayan demostrado abiertamente una minería social y ambientalmente responsable. Las hay y son ellas las que tienen mayor derecho a explotar y comercializar nuestro mineral.
Clave 6
Los responsables del destrozo de mi Valle y mi ciudad, deben ir a la cárcel. Y quienes son responsables de conseguirlo, si es que no lo hacen, serán responsables de no hacerlo y también deberán ir a la cárcel.
Los agricultores del Valle tienen derecho a serlo y nadie puede impedir que lo sean y menos aún a impedir materialmente mediante la contaminación del suelo y subsuelo o del agua y el aire (especialidades de Southern) que realicen la actividad comercial que ellos desean.
Clave 7
Humala Tasso y toda la sarta de incompetentes e incapaces que lo rodean aunque debieran irse ya, no mañana, no pasado, sino hoy; al término de su mandato deberán enfrentar las consecuencias políticas y legales de lo que hicieron-y no hicieron- en este conflicto.
Porque en eso se basa la igualdad. Porque todos somos iguales ante la Ley. Porque nuestras diferencias son balanceadas justamente por la Ley que a todos, de manera igualitaria, nos concierne, nos obliga y nos defiende.
Al final, si no lo hacen ellos, tendremos que hacerlo nosotros, tarde o temprano.