En un estado de derecho, donde priman los principios básicos del mismo, como son la igualdad de todos y todas frente a la Ley, la correcta aplicación del marco normativo, el respeto a las instituciones públicas y privadas y sobre todo el conocimiento y reconocimiento de los operadores legales frente a las demandas ciudadanas, el peligro de un quiebre del principio de legalidad es casi inexistente.
En sentido contrario, donde no existen tales garantías, la posibilidad del ejercicio arbitrario de la norma, con interpretaciones antojadizas, con vulneración de derechos y con perjuicios enormes a las instituciones y al sujeto de derecho, concluye inequívocamente y por definición en un quiebre democrático.