No podemos negar un escenario muy complicado para el actual Gobierno en lo que respecta a su continuidad. Si bien es cierto, la derecha y su versión extrema, trazaron un objetivo claro desde la toma de gobierno el 28 de Julio (sacar a Castillo de Palacio a como dé lugar), el mismo Pedro Castillo día a día y sin fallar, ha hecho todos los méritos posibles para que no sólo ese sector pida su salida, sino ya, otros sectores más moderados e inclusive, los miembros de su propio Partido, Bancada o lo que sea que Perú Libre represente para él. El primer gabinete fue una demostración de todo lo que no tenía que hacer. A la falta de preparación para ejercer el cargo del mismo presidente, sumó el de algunos o muchos de sus ministros (cuando bien pudo compensar ahí), de los directores de organismos independientes recientemente nombrados, del secretario de palacio (a quien le tuvieron que modificar el perfil para poder contratarlo), etc., etc., hacen inevitable que la preocupación de la ciudadanía aumente y con mucha angustia, además. Ahora bien, si fuera solo un tema de capacidad e idoneidad, el problema sería uno, grave pero uno. Lamentablemente a ese se suma otro mucho más complejo y delicado. Indicios graves de corrupción, trafico de influencias, prebendas, negociados con sectores vinculados al narcotráfico e inclusive a la facción política de Sendero o sus remanentes (como quien dice: más de lo mismo que nos han dado en los últimos 30 años).
Mes: noviembre 2021
Cuando la causa no es sino la consecuencia
https://www.podbean.com/media/share/pb-znbba-113ffe3 Columna publicada en Diario Perú21. Partir de la premisa de que el actual presidente de gobierno y el partido político que lo llevó a ocupar la Casa de Pizarro son el origen de los enormes problemas que tendremos que afrontar como país, no es más que una simplificación extrema de la realidad peruana contemporánea.
Piratas del siglo 21
Si bien es cierto que la alta dirección del Ejecutivo es la que define la hoja de ruta de las políticas públicas, son los funcionarios contratados por esa alta dirección los que, en la práctica, mueven el aparato del Estado. Ir a la caza de ministros cuestionados es una obligación de quienes tienen el encargo de hacer control político, pero es igual de importante impedir nombramientos que se están dando en puestos claves del gobierno. Es inaudito que se den casos como los de Bruno Pacheco, Doris Alzamora o Julián Palacín solo a base del carné partidario o al origen chotano. Está claro que eso lo hemos vivido en todos los gobiernos, pero los niveles de incompetencia y deshonestidad que se están viendo ahora superan todo récord histórico. Es en ese nivel de gobierno donde la ciudadanía se estrella en el día a día, donde las grandes empresas, pero también los pequeños emprendedores, sufren con la ineficiencia estatal.
Unos 5 años atrás, Castillo no vislumbraba para sí un futuro político y mucho menos ocupar la Presidencia. Vladimir Cerrón sí. Para que Castillo asumiera el poder, tuvo que vender algo más que rifas. Tuvo que generar muchas deudas y no se ha demorado ni 100 días en empezar a pagar. No le dieron ni periodo de gracia. El problema es que esas deudas las estamos pagando nosotros, pero esta vez con un interés estratosférico. Otra vez el gobierno del Perú es un botín que está siendo asaltado por piratas, que como tales no esconden ni su bandera.
Reglas electorales al gusto del consumidor
“En todas casas cuecen habas; y en la mía, a calderadas” dijo el hidalgo Don Quijote, pero en la nuestra la cosa ya es exageradamente vergonzosa. El marco electoral, ese que define la reglas sobre cómo elegir a nuestros gobernantes (lo que ello signifique a la luz de los hechos recientes), es sujeto de modificaciones en cada legislatura en función al interés de los congresistas, que es el interés de sus partidos, que es a su vez el interés de sus dueños, quienes finalmente obedecen al interés de sus bolsillos. En resumidas cuentas, el marco legal que regula las elecciones en el Perú, tiene sin lugar a dudas una fortísima influencia mercantilista que contamina plenamente el derecho ciudadano de elegir y ser elegido. Eso debe acabar ya. Ser elegido para ejercer un cargo público supone servir al interés ciudadano, no al interés personal y pese a que eso no es ninguna novedad, sí parece ser una costumbre adquirida y peor aún, aceptada.
Café para Cuatro 