Algo que padece la sociedad peruana es el tener una economía (y una mentalidad) mayoritariamente informal. Informal en su forma de actuar, comercializar, producir, tributar. Una informalidad puesta de manifiesto en nuestro sistema de transporte, en nuestro precario sistema educativo, en nuestros centros de abasto, etc. Esa informalidad le cuesta al Perú miles de hectáreas de biósfera cortesía de la minería informal. Les cuesta cientos de vidas a hombres y mujeres, niños y niñas por culpa de choferes de combis y buses que tienen centenas de papeletas y multas. Le cuesta al país millones de soles por evasión tributaria, doble contabilidad u omisión de obligaciones. Le cuesta, de manera muy especial, el futuro al educando peruano. Cuando esa mentalidad informal, ese ADN fullero, inmoral y egoísta alcanzan su máxima expresión, se obtiene un Congreso como este. Un Congreso que sin tapujos decide destruir la reforma del transporte permitiendo que homicidas con culpa o dolo, sigan manejando. Sin sangre en la cara condenan a muerte a Madre de Dios prorrogando el plazo de formalización de la minería. Con colmillos afilados y verdes como el dólar, destruyen la reforma educativa que tanto está costando implementar. Porque esos informales, los que ocupan escaños en el Congreso, saben que este país todo lo permite.