“Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal”. Verso muy pertinente del universal poeta César Vallejo para aplicarlo a la coyuntura política actual.
Podríamos decir que el Perú como República, nunca estuvo tan alejado del republicanismo, como lo está hoy.
Quise empezar esta reflexión por el final, por poner de manifiesto esta frase tan concluyente y dolorosa sobre la relación entre el país y el republicanismo. Hoy me ceñiré únicamente a los hechos más recientes dentro del contexto del actual gobierno del Presidente Pedro Castillo y el nuevo parlamento que las elecciones generales determinaron.
Han pasado 178 días desde la toma de mando del poder ejecutivo y del nuevo Congreso de la República y la cantidad de controversias políticas, escándalos de corrupción, anuncios desafortunados y nombramiento polémicos, entre muchas otras cuestiones, han sido el día a día y el tenor de la relación entre los entes de gobierno y la ciudadanía.
La alta virulencia de la cepa denominada Ómicron, aunque de baja letalidad, ha vuelto a poner en jaque a la economía del país y su posible recuperación. El Perú durante el primer año de pandemia perdió más de 2.2 millones de empleos formales y aumentó el índice de pobreza de 20.2% a 30% (3 millones de personas), diez años perdidos en términos de reducción de pobreza. A enero de 2022, de esos 2.2 millones de desempleados formales quedan aún por reinsertar al mercado laboral, más de 7oo mil.
Sin embargo, ese proceso de recuperación claramente se está viendo truncado, por un lado, por la nueva cepa que obliga al gobierno a volver tomar medidas restrictivas que naturalmente impactan en el consumo, el comercio y el empleo, pero también por la ausencia de políticas públicas claras, por la confrontación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y sobre todo por la ausencia de un plan de gobierno de corto, mediano y largo plazo, que claramente Perú Libre, nunca tuvo.
Creo fundamental para poder enmarcar algunas de las acciones y políticas públicas de estos casi 180 días en el contexto del republicanismo, que recordemos algunos elementos centrales de nuestra doctrina morada:
Por un lado, el poner siempre como (i) sujeto principal de gobierno a la comunidad, no al individuo, ni tampoco a una clase social determinada; por otro lado, recordar que (ii) el valor supremo del republicanismo está en el ejercicio de la deliberación y participación ciudadana, gobernar con la ciudadanía y de cara a ella, nunca de espaldas; ciudadanos iguales en derechos y obligaciones, con la misma libertad y la misma dignidad. En tercer lugar, (iii) ejercer una política económica que promueva el desarrollo y progreso para todos donde el estado impulse el crecimiento económico y participe activamente pero solo bajo el rol de corrector de las desigualdades e imperfecciones del mercado. Un estado interventor para nivelar la cancha, mas no para controlar la economía. Un estado promotor, no actor.
En estos casi 180 días, hemos podido evidenciar algunos ejemplos claros de cuál es la agenda de gobierno, tanto la del ejecutivo como la del legislativo y ambas distan diametralmente de estos valores y principios del republicanismo morado.
Algo que me parece fundamental resaltar, es que el partido político que ganó las elecciones generales, Perú Libre, tiene como presidente a una persona con sentencia condenatoria por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado peruano (corrupción) emitida por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Junín (y aun así el Presidente Castillo lo recibe en Palacio como un líder político más). Ese mismo líder con condena, además ejerce una política con un discurso divisionista, clasista y violento. Para ello basta leer sus declaraciones públicas en sus propias redes sociales.
Me pregunto, ¿es relevante el presidente del partido político en el marco de unas elecciones democráticas? Si la respuesta fuera no, la repregunta siguiente sería: y ¿debería serlo? En el mismo tenor, el actual Presidente de la República, quien ganó las elecciones llevando la bandera de Perú Libre, ¿era un militante formado por la doctrina e ideología de ese partido?, ¿representa sus ideales?
Vemos que, pese a algunas coincidencias programáticas, ideológicamente él mismo se ha desmarcado, indicando que no es marxista ni comunista, cuando el partido Perú Libre por definición sí lo es, en palabras de su propio presidente.
Uno de los pilares que busca el Partido Morado es tener y mantener una identidad política. Una identidad que tenga un común denominador en todos sus militantes sin privarlos de una identidad política personal. De esa manera siempre el militante y el gobernante Morado tendrán en común una ideología que se verá traducida en su actuar privado y público.
Algo que vimos al inicio del actual gobierno y que demostró desde sus primeras horas el alejamiento de cualquier principio republicano fue la conformación del gabinete Bellido. Un gabinete que tuvo de 19 miembros solo a 2 mujeres y de la misma manera en muchos de los ministerios, nombramientos de personas completamente incapaces e improvisadas para el cargo. ¿Hubo meritocracia en la elección de cargos tan relevantes para el país?, No.
¿Qué motivó entonces tales designaciones?: el cumplir con el pago de cuotas de poder a quienes ayudaron al actual Presidente a llegar a Palacio. ¿Es eso republicano?, ¿se basó en una meritocracia y en el fruto del esfuerzo, dedicación, profesionalismo y capacidad técnica?, claramente no.
En el plano legislativo una de las primeras acciones que vimos contrarias a lo que un verdadero republicanismo propone es el cambio normativo en materia electoral cuyo resultado fue la eliminación de elecciones primarias como pre-requisito para las próximas elecciones regionales y municipales.
¿Qué motivó a los legisladores a realizar esta reforma?, ¿el fortalecimiento de la institucionalidad y representatividad de los partidos políticos?, ¿la participación ciudadana directa en la elección de su propio destino? No.
Fue el interés particular de algunos partidos que se verían afectados por los requisitos del marco normativo. ¿Es ello republicano?, ¿se alinea con los preceptos que mencioné inicialmente?, claramente no.
En la misma línea -de ausencia total de meritocracia- pasó la elección de un puesto de confianza del Presidente de la República con gran relevancia: el secretario de palacio: Bruno Pacheco, quien, para poder ser elegido, tuvo que forzar la modificación de los requisitos mínimos para su postulación.
Entre otras de las terribles consecuencias de dicha decisión (fuera de generar mayor conflicto entre ciudadanos, desconfianza, incremento del riesgo país, inestabilidad local e internacional, impacto en las políticas fiscales, entre otros muchos más fue que dicho personaje tuvo que ser cesado por indicios de corrupción y hoy se encuentra bajo investigación fiscal. Más de lo mismo.
Otra de las cuestiones que han puesto de manifiesto una política completamente alejada de todo republicanismo es la contra reforma del transporte. Haciendo un poco de memoria, el 28 de diciembre de 2018, se promulgó la Ley Nro. 30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (conocida como la ATU), la cual tiene como función organizar un sistema de transporte integrado.
Ello como resultado de una profunda evaluación que evidenció la necesidad de trabajar un reordenamiento del transporte público de manera unificada. Un transporte público de calidad, seguro y con costos accesibles para las grandes mayorías. Solamente un primer paso que permitiera conseguir tales objetivos.
Según un informe de la OMS de 2018 referenciado por Macroconsult, “el Perú registra 13.5 víctimas fatales por accidentes viales por cada 100 mil habitantes, nivel superior al registrado por Chile (12.5) pese a que dicho país cuenta con un parque automotor que es prácticamente el doble al peruano, en términos per cápita.
En el primer semestre de 2021, la ATU ha venido impulsando la reforma del sector transporte y a la vez aplicando medidas fiscalizadoras y preventivas vinculadas a la seguridad y combate de la informalidad, emitiendo 55,705 actas de fiscalización, (70% de carácter orientativo). Asimismo, impuso 745 sanciones firmes por infracciones relacionadas a la informalidad, de las cuales 31% fueron a taxis y colectivos informales, mientras el 69% por transporte urbano regular”(1).
Qué hizo frente a esto el Ministro de Transportes Juan Silva: anunciar la destitución de las jefas de la Sutrán y de la ATU, en una reunión frente a un conglomerado de dirigentes informales. Les anuncia el nombramiento de nuevas autoridades que “estarán con ellos”.
Resultado de tal decisión: no más multas ni fiscalización para los operadores del transporte informal, que por cierto, es responsable de cientos de miles de muertes. La cereza en el pastel, la promulgación de una resolución que permite el empadronamiento de colectivos y el cambio de 22 gerentes y directores colocando a personas vinculadas a los partidos políticos que apoyaron la formalización de los taxis colectivos. ¿Son estas medidas creadas pensando en la ciudadanía, en su bienestar, en el acceso a mejores servicios públicos en igualdad de condiciones, son estas medidas republicanas? No. Muy por el contrario, son medidas guiadas por el mercantilismo político y el interés individual.
Otra de las contrarreformas más importantes que hoy el Perú sufre, es la del sistema educativo.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (la SUNEDU) es un organismo peruano adscrito al Ministerio de Educación con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Subrayo, autonomía. Fue creada en el año 2014 con la promulgación de la Ley Universitaria N° 30220 y recogida en su artículo 12° y que reemplaza a la Asamblea Nacional de Rectores (la ANR), organismo que demostró un pésimo (por decir lo menos) manejo de la educación universitaria.
¿Qué sucede hoy? Pues que, a vista y paciencia de todos, el congreso de la república tiene en sus filas a operadores de grupos económicos que controlan y poseen universidades, cuyos fines pasan exclusivamente por el interés de generación de capital e ignoran completamente el verdadero sentido de toda institución educativa: formar profesionales de calidad, con valores, principios y conocimiento de la materia educativa. Universidades fachadas, universidades bamba.
La comisión de educación -presidida por quien considera que fenómenos naturales como los terremotos son causados por la ideología de género-, aprobó dos dictámenes que por un lado le dan una nueva oportunidad a las universidades que no pudieron obtener el licenciamiento (las mismas que ya tuvieron varias oportunidades para cumplir con los requisitos mínimos que la ley exige) y otra que restablece la autonomía universitaria y aprueba modificar el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Es decir, quitarle la autonomía y hacer que regulador y regulado sean el mismo. Una vuelta atrás terrible en el sector más crítico del país. Una contrarreforma que la Bancada Morada y el Partido Morado se han tomado muy en serio y de hecho lideran públicamente, pero con escaso soporte de otras bancadas y organizaciones sociales, civiles y políticas. ¿A qué se deberá ese escaso respaldo a la defensa de la educación? Pues lo dicho.
El mercantilismo de la educación infiltrado en el poder legislativo. ¿Fueron esos dictámenes el resultado de procesos deliberativos y participativos? ¿Se convocó a los distintos gremios involucrados a un debate técnico? ¿Fueron esos dictámenes puestos de cara a la ciudadanía? Más aún, ¿son desarrollados pensando en los estudiantes universitarios y su futuro profesional? No.
Son pensados, al igual que en la contra reforma del transporte, en el interés de grupos económicos y de poder. Son puestos en escena con intereses individuales. Nada más alejado del republicanismo morado.
“Nunca me formé para político. Como reitero, nunca fui formado para presidente. He venido por mandato del pueblo para no cometer lo mismo”, 24 de enero de 2022, Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República del Perú.
Señor presidente, usted que dice querer combatir la corrupción y el mal manejo histórico de las políticas de estado, está reconociendo en sus propias palabras, ser más de lo mismo. Postular a un cargo público sin estar preparado para ello, es el primer paso de un gobierno condenado al fracaso y tremendamente permeable a la corrupción y la pobreza, moral y económica.
Como podemos apreciar con solo algunos de estos ejemplos, el contexto político actual en el Perú, está de espaldas completamente a la comunidad. De espaldas al verdadero soberano del poder. Somos gobernados por quienes nunca entendieron el verdadero mandato representativo, el encargo que la ciudadanía a través de la democracia representativa les hizo para gobernar en pro de quienes más necesitan políticas públicas que ayuden a al Perú, país que en algún breve plazo de su historia estuvo en vías de desarrollo pero que hoy, vemos en franca vía al subdesarrollo.
En las asambleas de la base en la cual milito, siempre digo que el Partido Morado es una urgencia, una necesidad para el país. Hoy más que nunca se necesita un republicanismo morado para corregir el rumbo y el destino del Perú.
Para ello, toca apostar por nuevos liderazgos que honren nuestra filosofía de fundación: cancha plana para todas y todos.
Y como dice nuestro actual presidente, Luis Durán: urge pasar del yo al nosotros.
No hay otro camino.
(1) Macroconsult.
Café para Cuatro 