La visión aristotélica de la política plantea como uno de los grandes objetivos la consecución de la felicidad por quienes son sujetos de gobierno. Es decir, política para ser feliz. Cuán lejano resulta esto para los peruanos, los de hoy y los de ayer. Porque la búsqueda del bien común no es bajo ningún escenario lo que nuestra clase política se plantea como objetivo de gestión. “Ese proyecto me va a favorecer a mí (…) Me sacan ese dictamen de la comisión esta semana y la próxima lo agendan en el pleno y aquí nadie se cuelga de este proyecto. Él que tiene la bancada soy yo”.

Lo ocurrido con la filtración del audio entre el líder de Alianza para el Progreso y quien fuera hasta hace unas horas la presidenta del Congreso, es una muestra del mercantilismo que rige las acciones de gobierno de nuestro Parlamento. La urgencia que César Acuña evidencia en su conversación con la congresista Camones, pasa por la necesidad que tiene de generar un enganche con esos más de 120,000 electores del Alto Trujillo, que luego le devolverán el favor en las urnas. APP está en riesgo y los resultados de las próximas elecciones son gravitantes para su supervivencia, no solo política, sino también, a mi entender, económica, porque paciera que la línea que divide el partido político de las empresas del señor Acuña, es casi imperceptible y las decisiones congresales de su bancada en materia de educación así lo reflejan. Acuña lo sabe y, como se pudo ver, estuvo dispuesto a usar todo su poder sobre la Mesa Directiva y, como él mismo dijo, favorecerse a como dé lugar.
Está claro que este tipo de gestiones no son algo ajeno al quehacer político peruano, pero la filtración de ese audio en esta coyuntura, en la que la crisis de gobernabilidad toca su punto más álgido, producto del desastroso y comprometido gobierno del presidente Castillo, no hace más que echar combustible a la calle, esa que no sabemos aun cuando se incendiará. La respuesta a los hechos no tardó en llegar y Lady Camones ha sido censurada, a solo 42 días de asumir el cargo, se ha declarado vacante una presidencia que nadie esperaba. En paralelo, ha sido denunciada junto a César Acuña, Luis Valdez Farías y los que resulten responsables por el delito de tráfico de influencias, colusión agravada y peculado doloso, como concurso de delitos. El oficialismo se regodea con el cambio de rumbo de los reflectores, toma un respiro y se reagrupa. Es un total despropósito que los llamados a ejercer el control y contrapeso al Poder Ejecutivo sean personas que no se diferencian en lo más mínimo de quienes en teoría son los responsables de la crisis actual.
Una vacancia o un adelanto de elecciones generales, no es más que un analgésico político, porque la grave enfermedad que nos aqueja no tiene 12 meses, tienes más de 200 años. La reflexión debe pasar por la evaluación de nuestro fallido sistema democrático, el maltrecho marco normativo en materia electoral y, sobre todo, por la forma en la que los partidos políticos, organizaciones representativas de la sociedad, abusan de su representación para finalmente fungir de sociedades mercantiles en beneficio de “sus accionistas”.
Columna publicada el 08/09/2022 en El Comercio
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