El principal error está en entregar las riendas del país a personas que no solo no tienen las competencias para las funciones que se les encargan, sino que, además, ven en el cargo la opción de poder tener lo que nunca han tenido y que no podrían conseguir jamás de otra manera. El caso de las operaciones estéticas de Boluarte es un claro ejemplo. ¿Por qué no se hizo sus retoques antes? ¿O por qué no planeó hacerlos después? Sencillo: porque antes no podía y después no podrá. Ese ejemplo se repite en cientos de personas que hoy habitan el Ejecutivo y el Legislativo. Los sueldos de esos dos poderes del Estado no son estratosféricos. No es por las remuneraciones por lo que venden hasta el alma para poder candidatearse.
El dinero legal que transita por esos cargos, aunque para algunos sea muchísimo mayor del que han podido generar en su vida, no es el objetivo; es la posibilidad de hacer negociados y prebendas con las prerrogativas que el cargo les da, para generar una economía personal paralela e ilegal, lo que realmente les enloquece. El dinero que puede generar un congresista legalmente es una fracción de lo que se puede generar ilegalmente.
En ambos casos, el factor común es la falta de absoluto interés en ejercer las funciones que el cargo demanda, es decir, trabajar al servicio de la sociedad; y, por otro lado, la decadencia nefasta de valores que deberían impedir esos negociados millonarios a costa de la población, que “ahí abajo” sigue luchando por el jornal diario y la desesperanza de ver que nada cambia e incluso empeora. Los cargos públicos son ocupados obligatoriamente por militantes de partidos políticos. Los partidos están conformados por ciudadanos que toman la decisión de afiliarse. Hoy se afilian quienes ven en ese camino la ruta para hacerse ricos.
Mientras dejemos que sigan siendo ellos quienes conformen los partidos y esos partidos los que gobiernen, el círculo vicioso que nos domina no se detendrá.
La salida es obvia, pero casi nadie la quiere ver.
Columna publicada en Diario Perú21
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