Siempre me han llamado la atención esas campañas municipales para incentivar el pago de arbitrios atrasados. «Si aún no pagas tus arbitrios, paga ya y participa en el sorteo de bicicletas y electrodomésticos«. Lo mismo ocurre con las famosas amnistías. A los que pagaron a tiempo, gracias (y con las justas), pero a los que nunca pagan o pagan cuando quieren, tranquilos, llega la amnistía y se les condona el 80% de la deuda. La pregunta inevitable es: ¿se está premiando a quienes no pagan tributos y castigando a los que cumplen puntualmente? Esto constituye un enorme incentivo a la informalidad. Así funciona nuestra lógica, una lógica que se ha venido aplicando en el Perú desde hace muchos años. El nivel de informalidad es tan alto que parece no quedar de otra que aplicar el famoso adagio: «si no puedes con ellos, únete», por lo menos es lo que nos dicen las recientes políticas de gobierno. Y así es como las políticas gubernamentales han cedido ante las economías paralelas e ilegales que el Perú ha fomentado año tras año. Para no hablar de narcotráfico, tala ilegal, tráfico de armas, personas o animales, nos centraremos esta vez en la minería ilegal.
A finales de 2024, vimos cómo el sector informal e ilegal de la minería bloqueó por más de 9 días la Panamericana Sur, la principal vía de tránsito del país, impidiendo el libre tránsito de millones de personas y con la total complacencia del gobierno (Véase Por qué sí debería importarte el bloqueo de la Panamericana Sur). En paralelo al bloqueo, los líderes de ese sector se paseaban por los pasillos del Congreso, reuniéndose con varios congresistas para ofrecerles quién sabe qué. Pero lo que sí sabemos es que esos ofrecimientos tuvieron grandes resultados, por lo menos para ellos, porque el tristemente célebre Reinfo, sigue vivo. Y no solo sobrevive, sino que ahora esos mismos personajes están detrás de la (de)construcción de la nueva Ley Mape, y que a estas alturas quedan pocas dudas de que será solo, un Reinfo recargado.
La minería ilegal mueve, en promedio, más de 12 mil millones de dólares al año, según el fiscal Federico Chávarry, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno. Se calcula que esta actividad ilícita deja de aportar más de 300 millones de dólares en impuestos al fisco. Pero el factor económico no es el único relevante. Mantener una actividad ilícita requiere muchos esfuerzos, especialmente en términos de protección y seguridad para quienes la practican. Y es ahí donde estas actividades ilícitas se mimetizan, por ejemplo, con el narcotráfico. En la zona de Madre de Dios se ha desarrollado lo que se denomina «Narco-minería», donde ambas economías se fusionan para beneficio mutuo. Esa historia ya la vivimos con el Narco-terrorismo, pero claramente, poco hemos aprendido.
Ahora bien, volviendo a la penosa lógica de premiar la ilegalidad y la informalidad, el calamitoso Congreso actual (con la complicidad del Ejecutivo) está impulsando la (re)creación del Banco Minero para los mineros informales, mediante el Proyecto de Ley N° 9880/2024-CR. Es decir, no solo no combatimos la informalidad y la ilegalidad, no solo somos complacientes con la destrucción del medioambiente que generan y la violencia que las rodea, sino que vamos a impulsarlas, financiando sus actividades a través del propio Estado. Dudo que esta enorme irresponsabilidad sea compartida por muchos congresistas, pero eso al final da igual. Lo que realmente ocurre es que la labor legislativa en los últimos años ha estado enormemente alejada del análisis legal, económico y social, y ha sucumbido al mercantilismo legislativo. Pruebas de ello sobran. Basta con repasar los hechos delictivos, las denuncias y las noticias presentadas en 2023 y 2024 con respecto a un sinfín de legisladores. Es decir, «no sé si es bueno o malo aprobar un Banco Minero, en realidad me da igual, pero si aprobarlo me beneficiará económicamente, cuenta con mi voto«.
Es cierto que en el Perú, la deficiente competencia en el sector bancario, producto de la poca oferta y los grandes acuerdos, hace que tengamos un margen de intermediación excesivamente alto; y ello, naturalmente, perjudica a los consumidores, que terminan refugiándose en la oferta de agentes ilegales que han creado un mercado financiero paralelo. Pero esto no significa que, porque los bancos regulados sean caros o no presten dinero a los ilegales, el Estado deba actuar como agente bancario, financiando a grupos económicos que operan al margen de la ley, y no solo al margen, sino en contra de ella. Véase el caso de Minera Poderosa: El oro para los ilegales
El Banco Minero fue creado por la Ley N° 9157 en 1942, con el objetivo de financiar proyectos mineros de empresas nacionales y legalmente constituidas. De hecho, la propia ley establecía que «para que una empresa sea considerada nacional, es necesario que esté radicada en el país y que el 60% del capital social corresponda a peruanos de nacimiento o a nacionalizados con 20 años de residencia después de la nacionalización». El cierre y liquidación del Banco Minero se dio por múltiples factores, entre ellos, la ineficiencia operativa, la alta morosidad y la reestructuración del sector bancario en los años 90, que, junto con la apertura a la competencia, hizo que el Banco Minero no pudiera adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. La fórmula ya se probó y se probó con el sector formal.
Me pregunto qué exposición de motivos medianamente razonable puede sostener la creación de un banco estatal para financiar proyectos mineros ilegales o informales (solo pueden llamarse así por el paraguas que les da el fallido Reinfo). La comprendida en el Proyecto de Ley no pasa de citar tres artículos que nada sustentan con respecto a la necesidad de crear esa nueva entidad estatal.
Si uno lee el Proyecto de Ley con detenimiento, hasta antes de llegar al numeral 3.3, pareciera que se sustenta en el apoyo financiero para pequeñas empresas del sector minero, pero una vez entrando en materia, enlazamos con los gaseosos argumentos de lo que es la minería artesanal. Es decir, para aplicar al financiamiento se requiere “cierto nivel de formalidad”. Ese entrecomillado lo da el Reinfo y, ¿qué es el Reinfo? Pues un paraguas, como ya dijimos, que habilita a quien en términos reales se mantiene en la ilegalidad, pero que para efectos prácticos puede actuar de manera legal, sin serlo. Un minero inscrito en el Reinfo puede operar con explosivos, por ejemplo, sin ser detenido por actividades ilícitas y penalmente sancionables. De igual manera, podrá con este Proyecto, pedir dinero prestado al estado, a tasas preferentes (que otros pequeños empresarios no tienen) para financiar esas actividades que están en “proceso de formalización” desde hace lustros.
Es cierto y obvio que el problema de la minería ilegal, debido al volumen de masa monetaria que mueve y la cantidad de subempleo o empleo informal que genera, no es un problema que pueda resolverse en unas cuantas reuniones. Es cierto que miles de familias dependen de esa actividad.
Es por tanto, un desafío que requiere un análisis integral, donde se evalúen todos los factores involucrados y se determinen, con ciencia y evidencia, todos los impactos de su regulación. El factor social es determinante en la evaluación y la regulación que se haga del sector. Al final del día, erradicar la informalidad no pasa por desaparecer al informal, sino más bien, por hacerlo transitar por un proceso, accesible y viable, hacia el mundo de la formalidad (que en el Perú lamentablemente, paga tarde y mal).
Pero eso no significa que el Estado le siga dando la espalda al sector formal y la cara al informal, porque si seguimos por este camino (como se ha venido haciendo recientemente con el sector transporte, por ejemplo) hoy quienes realmente buscan formalizarse, entrar en el círculo de las economías legales, acceder a financiamientos (que definitivamente podrían tener mejores condiciones) y empezar a aportar al fisco, retrocederán indefectiblemente o, peor aún, quedarán atrapados en esa senda tortuosa que significa -en el Perú- hacer las cosas bien. Y ya puestos a financiar economías ilegales, ¿por qué no crear un Banco Maderero para los madereros ilegales, o para los comerciantes de fauna protegida, para que puedan mejorar el volumen de sus exportaciones? Al fin y al cabo, ¿existe alguna diferencia entre quien extrae ilegalmente mineral del subsuelo y quien tala ilegalmente madera protegida? Macondo nos queda chico.
Vale la pena precisar que en el capítulo 5, se especifica que dicho Proyecto de Ley tiene una naturaleza declarativa, lo cual, como ya sabemos, solo sirve para quedar bien con el Sponsor. No tiene carácter imperativo, por lo que no es vinculante ni tiene efecto real. En resumen, puro ruido, y del malo.
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