Directo y a la vena. Hace unos días, el jueves 21, Colombia vivió dos ataques armados: uno en Antioquia y otro en Cali, con 19 muertos y 70 heridos. En Amalfi (Antioquia) se usó un dron para derribar un helicóptero policial; en Cali, un coche bomba.
Quiero destacar dos puntos. Primero, el empleo de drones de alta tecnología por parte de grupos terroristas, financiados por narcotráfico y minería ilegal, similares a los usados en la invasión rusa en Ucrania: hecho que muestra el enorme poder económico de organizaciones como las FARC-EP. Este salto tecnológico abre un escenario desastroso en la lucha contra el terrorismo.
Segundo, el financiamiento. El hecho de que grupos armados dispongan de presupuestos millonarios confirma su nexo directo con economías ilícitas, como narcotráfico o minería ilegal. En Perú, Harvey Colchado lo documenta en su libro Artemio. Hemos hablado bastante del riesgo que estas economías representan para nuestras sociedades: dinero negro que se infiltra en el sistema de justicia, Fuerzas Armadas e instituciones políticas como el Congreso y el Ejecutivo. Pese a tantas advertencias, en este país se les resta importancia.
Nuestra miopía, inmediatismo y egoísmo social nos condenan. Ecuador, México, Bolivia y Colombia sufren lo mismo. Latinoamérica comparte, para bien o mal, una conexión inevitable. Según la ONU, el narcotráfico dentro de los flujos ilícitos globales podría generar hasta un billón de dólares anuales. La minería ilegal produce alrededor de 48,000 millones de dólares al año en ganancias, según UNEP. Recursos suficientes para debilitar cualquier fuerza de seguridad y volver nuestra vida una pesadilla.
Por eso debemos cortar todo vínculo entre política y mafias. Si seguimos votando por candidatos ligados a estas lacras sociales, perderemos toda oportunidad de erradicarlas.
Como siempre, en nuestras manos.
Columna pulicada en Diario Perú21
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