Si por un momento dejamos de ver lo sucedido en Venezuela como si fuera un viral más de TikTok; si, milagrosamente, hacemos el esfuerzo de pensarlo con algo más de profundidad y nos alejamos de esa interpretación binaria del mundo —donde todo es blanco o negro— y abrimos espacio para el análisis, veremos que lo ocurrido en Venezuela no se agota en un “a favor o en contra” y es además, especialmente grave.
Que la funesto modelo que dejó Hugo Chávez era un anticipo de la quiebra del país, lo era. Que la gestión de Maduro, Cabello y compañía no fue ni es otra cosa que un saqueo despiadado del tesoro público, también. Que durante los últimos años el éxodo de más de nueve millones de venezolanos y venezolanas constituye una evidencia empírica del fracaso del modelo, de la represión, de la muerte de la libertad y la justicia, y del deterioro de todas las instituciones, es innegable. Que Maduro debía caer, enfrentar a la justicia y pagar por todos y cada uno de sus crímenes, ni que decir.
Ese ejercicio de justicia debía provenir, en primer término, de las propias instituciones venezolanas; las mismas que, evidentemente, jamás hicieron nada, en tanto formaban parte del pacto mafioso de Maduro. ¿Y qué ocurre cuando los organismos internos de un país son incapaces de atender una demanda legítima de su población? Entra a tallar el sistema internacional: la legislación supranacional materializada a través de convenios y tratados internacionales.
Por tanto, el tema debió ser tratado en Naciones Unidas con la urgencia que ameritaba, y la búsqueda de una salida definitiva a la dictadura de Maduro debió transitar por el Consejo de Seguridad y, finalmente, por una acción militar autorizada por la Asamblea en su conjunto. Pero eso no ocurrió. Y no ocurrió por varias razones: porque en el Consejo de Seguridad están sentadas China y Rusia, pero también porque, en los últimos años, la ONU y el derecho internacional en su conjunto han demostrado su total inoperancia y su sumisión al poder económico y bélico de las grandes potencias.
En consecuencia, si Venezuela no podía salir por sus propios medios y el sistema internacional nada hizo —o nada pudo hacer—, ¿qué salida quedaba? Que algún vaquero decidiera convocar a su patrulla y ejecutar la decisión por cuenta propia. Y así fue: el hábil vaquero de los negocios, Donald Trump, que ya tenía puesta la mira en Canadá, Groenlandia, Irán, Gaza y otras zonas económicamente atractivas, puso el ojo en el petróleo venezolano y, en nombre de la seguridad nacional de su pais, desplegó su fuerza bélica y extrajo a Nicolás Maduro para sentarlo en una corte de la gran manzana. Así, sin más. Sin siquiera contar con la autorización del propio Congreso de los Estados Unidos, como lo exige su legislación, lo hizo porque quiso y porque pudo.
Es una obviedad decir que el interés nunca fue la democracia ni la libertad del pueblo venezolano y mucho menos la seguridad de EEUU. Fue el petróleo y el control geopolítico de la zona. El propio Trump se da el lujo de decirlo todo el tiempo. Ya no se habla de Maduro hace días, solo de petróleo y de dinero.
Esto no es un asunto entre Trump y Venezuela. Es un “negocio” entre Trump y el resto del mundo. Ayer fue Venezuela, mañana Groenlandia. Recordemos estos días, porque son el inicio del nuevo orden, donde se negocia con el revolver sobre la mesa.
Ahora, es justo reconocer también que, gracias a ese afán neo-imperialista hoy millones de personas sueñan con volver a casa y otras tantas están recuperando su libertad. Ojalá y hubiera sido por la vía correcta y legal.
Café para Cuatro 