Café para Cuatro

Si uno dedicara unos minutos a leer las discusiones políticas en casi todas las redes sociales, llegaría rápidamente a una conclusión: para muchos peruanos solo existen dos formas de pensar. O se es «rojo», «caviar» o «comunista»; o se es «facho», «ultraderechista» o «neoliberal (en sentido peyorativo por supuesto)». Las etiquetas vuelan de un lado a otro con una facilidad impresionante y, casi siempre, sustituyen a los argumentos. El problema es que esas categorías, utilizadas de esa manera, explican cada vez menos la política peruana.

Las palabras «izquierda» y «derecha» tienen un origen histórico muy concreto. Surgieron durante la Revolución Francesa para distinguir a quienes defendían cambios profundos de quienes preferían conservar el orden existente. Con el tiempo dieron origen a corrientes de pensamiento complejas, con autores, principios y modelos económicos bien definidos.

Sin embargo, dos siglos después, ni la izquierda ni la derecha constituyen bloques homogéneos. Existen liberalismos distintos, conservadurismos distintos, socialismos distintos y socialdemocracias distintas, dependiendo del contexto histórico y del país del que se hable. Pretender que toda la política puede resumirse en dos cajones ideológicos resulta, como mínimo, una simplificación excesiva.

En el Perú esa simplificación es todavía más evidente.

Nuestros partidos rara vez gobiernan siguiendo un cuerpo doctrinario coherente. La mayoría funciona como lo que el politólogo Otto Kirchheimer denominó partidos atrapalotodo: organizaciones cuyo principal objetivo es reunir la mayor cantidad posible de votos, aun cuando ello implique combinar propuestas provenientes de tradiciones ideológicas diferentes o incluso contradictorias. Los ejemplos abundan.

Keiko Fujimori suele ser presentada como una de las principales representantes de la derecha peruana. Sin embargo, entre sus propuestas recientes figuran el aumento del sueldo mínimo y la ampliación de programas sociales como Pensión 65. Son medidas que implican una mayor intervención estatal de la que muchos asocian con el liberalismo económico más ortodoxo. Paradójicamente, Pensión 65 fue creado durante el gobierno de Ollanta Humala, cuya elección en 2011 fue presentada por muchos como el inicio de una deriva hacia el modelo venezolano. Hoy ese mismo programa es defendido incluso por sectores que se identifican con la derecha.

Algo parecido ocurre fuera del Perú. Donald Trump es considerado uno de los principales referentes de la ultra derecha conservadora contemporánea. Sin embargo, una de sus políticas económicas más emblemáticas fue elevar los aranceles para proteger a la industria estadounidense, una medida difícil de conciliar con el libre comercio defendido por buena parte del liberalismo clásico.

En el extremo opuesto, Pedro Castillo llegó al poder con una retórica que muchos calificaron de marxista o comunista. Sin embargo, durante su gobierno mantuvo a Julio Velarde al frente del Banco Central, no modificó el esquema monetario, no estatizó de manera generalizada la economía ni desmontó el modelo económico vigente. Se que muchos dirán, “es que le faltó tiempo”, pero en realidad a mi entender, más que implantar un modelo comunista o socialista, se implantó un modelo de ineficiencia y corrupción. Cerrón y sus esbirros lo que buscaban en el fondo es un saqueo del tesoro público, ocultándolo bajo consignas de justicia social.

 Algo similar ocurrió con Ollanta Humala, el temido hijo de Chávez, quien terminó gobernando con mucha más continuidad de la que anticipaban sus discursos de campaña.

Todo ello demuestra una realidad incómoda: el comportamiento de buena parte de la política peruana responde mucho más al pragmatismo, al cálculo electoral y a las circunstancias que a una fidelidad consistente hacia una determinada ideología.

Existe además otra confusión frecuente.

Muchos creen que preocuparse por la pobreza convierte automáticamente a alguien en hombre o mujer de izquierda. Esa afirmación parte de una premisa equivocada, básica y simplista. Combatir la pobreza no constituye una ideología; constituye un objetivo. La diferencia entre las distintas corrientes políticas no radica en si desean reducirla, sino en los mecanismos que consideran más eficaces para lograrlo. Una genuina preocupación por las poblaciones más vulnerables, no es más que un ejercicio de empatía, de conciencia con la realidad, esa que va más allá de nuestro círculo más cercano y que define e identifica a todo un tercio (o más) de la población.

Algunos sostienen que el crecimiento económico mediante la inversión privada, la reducción de impuestos, la desregulación, o la casi extinción del sector público representan el mejor camino. Otros defienden una participación más activa del Estado mediante subsidios, regulación de diversos sectores económicos, intervención del mercado, control de precios o tipo de cambio y un mayor gasto social. Un tercer sector, plantea inclusive múltiples combinaciones de ambos modelos. Al final, el objetivo podría ser el mismo; lo que cambia son los instrumentos.

Del mismo modo, tampoco resulta correcto afirmar que quien defiende el libre mercado es indiferente frente a las necesidades de los sectores más vulnerables. Esa caricatura simplifica un debate mucho más complejo.

Lo mismo ocurre con otra frase que suele repetirse en muchas ocasiones: «los pobres votan siempre por la izquierda», llegando a extremos de pedir la restricción del derecho al voto a solo aquellos que tienen cierto nivel educativo. La mayoría de ciudadanos no vota pensando en Adam Smith o Karl Marx. Vota pensando en llegar a fin de mes, conseguir empleo, encontrar atención médica, enviar a sus hijos a una buena escuela o vivir con mayor seguridad. Vota por quien cree que puede mejorar su calidad de vida, independientemente de la etiqueta ideológica que otros le asignen. Cuando Castillo llevó en campaña la consigna de la “Asamblea Constituyente” mucha gente la siguió no porque realmente quisiera una, o supiera, que implicancias tendría. Lo hizo porque era un slogan de campaña que representaba un “queremos un cambio total, porque todo está mal”. En buen cristiano.  Y sí, para más de 11 o 12 millones de peruanos, todo anda bastante mal.

Quizá ese sea uno de los principales desafíos para los sectores que defienden el modelo económico actual y una defensa de libre mercado. Durante años han explicado con solvencia la importancia de la estabilidad macroeconómica, pero muchas veces han descuidado la conversación sobre los problemas cotidianos de quienes no perciben los beneficios de esa estabilidad. Cuando las personas sienten que nadie escucha sus preocupaciones, terminan buscando alternativas, aunque estas carezcan de un programa consistente.

Por eso insisto siempre en que nos convendría elevar la calidad del debate público, con urgencia.

Las palabras «comunista», «caviar», «facho» o «neoliberal» describen tradiciones intelectuales e ideológicas (aunque en la práctica sean utilizadas como facilismos para atacar o calificar con tono ofensivo). No deberían convertirse en sustitutos del razonamiento. Cuando las etiquetas reemplazan a los argumentos dejamos de analizar las políticas concretas y empezamos a juzgar únicamente a quienes las proponen.

Nos quedamos etiquetando al mensajero y nunca llegamos a profundizar en el mensaje.

Tal vez el problema no sea que existan la izquierda y la derecha. El problema es creer que esas dos palabras bastan para explicar una realidad política infinitamente más compleja.

Y mientras sigamos discutiendo caricaturas en lugar de ideas, seguiremos entendiendo muy poco de lo que realmente ocurre en el Perú.

Seguimos.

#cafeparacuatro