Café para Cuatro

Durante los últimos días he puesto especial atención en el tema de las becas. No como un asunto aislado —ni de la Beca Bicentenario ni de Beca 18—, sino como un síntoma de un problema mayor: la política educativa del país.

Beca Bicentenario y Beca 18, ambos programas, buscan atender una falla concreta. Son presupuestos relativamente manejables, dirigidos a jóvenes con mérito suficiente, a los mejores. Es, además, uno de los pocos espacios donde el gasto público tiene alta probabilidad de generar impacto real. Sin embargo, el presupuesto 2026 ha terminado por golpear estos programas. El daño no es solo para los beneficiarios directos, sino para miles de jóvenes que veían en estas becas una ruta clara hacia la profesionalización, un escape a la pobreza. El problema de fondo es de prioridades. Es evidente que las decisiones del Estado están lejos de reflejar un interés genuino en resolver el principal problema del país. Una población mal educada es, en términos prácticos, una población vulnerable, expuesta a la manipulación, dependiente de dádivas, más proclive a aceptar promesas vacías. Sacarle el voto a quien tiene hambre, es “pan comido”. No es casualidad que la manipulación política sea más efectiva en los sectores con menores recursos. Es un círculo que se retroalimenta: bajos niveles educativos limitan oportunidades, y la falta de oportunidades perpetúa la pobreza. En ese contexto, las prioridades del gasto público resultan difíciles de justificar. Destinar USD 3,500 millones a la compra de aviones de combate puede ser debatible, pero claramente no es urgente. Asignar USD 2,000 millones a un nuevo rescate de Petroperú resulta inaceptable. Mientras el acceso a una educación de calidad siga siendo un privilegio, el país permanecerá anclado al subdesarrollo y la mediocridad. Una democracia sólida requiere votantes educados, no solo procesos electorales impecables.

Columna publicada en Diario Perú21