Cuando ocurre una catástrofe natural que afecta la vida o la salud de los ciudadanos, el Estado en todas sus formas —municipal, regional o nacional— debe responder con toda la celeridad posible para salvaguardar esas vidas. Eso es exactamente lo que se espera de un gobierno que pone al ciudadano en el centro de sus políticas. Eso es lo que haría cualquier funcionario público con un mínimo de empatía y humanidad.
Y eso es justamente lo que no hemos visto con lo sucedido en Atico y Ocoña, en Arequipa, producto de los derrumbes y huaicos. Cientos de vehículos varados durante más de cinco días, sin que nadie acudiera oportunamente en su auxilio. Los puentes aéreo y marítimo se coordinaron recién después de varios días, cuando la emergencia ya era crítica. Una mujer de 65 años perdió la vida durante esta emergencia luego de intentar salir del bloqueo caminando varios kilómetros.
Lo que se está haciendo ahora se pudo hacer mucho antes. Pero las prioridades parecen ser otras. Y ese es el reflejo de la distancia que existe hoy entre gobernantes y gobernados. Una distancia que todos los poderes del Estado deben empezar a reducir: los órganos de justicia, las instituciones de defensa interna y externa, el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Todos.
Esta es justamente una de las razones por las que muchos ciudadanos no sienten un mínimo de identificación con su país. Porque sienten que ‘su país’ no hace nada por ellos. Ahí nace el individualismo, ahí la polarización, ahí el desgobierno. Y esto recién empieza. Se vienen meses muy complicados. El tiempo no nos es favorable.
El nuevo Gobierno debe ir a contrarreloj para recuperar todo lo que no se hizo en las administraciones anteriores. Deberá trabajar a doble turno si es necesario. El Estado al servicio del ciudadano. Si no, el caso de esa mujer de 65 años pasará a ser solo una cifra más entre las miles de personas que podrían perecer en una nueva tragedia. Hay gente capaz.
Hay recursos. Ejecutemos.
Columna publicada en Diario Perú21
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